¿Qué podemos aprender de las reformas policiales en América Latina?

Durante las últimas semanas se ha observado un incremento en la visibilidad de los abusos policiales en México, como muestra se tienen los casos de Geovanni en Jalisco, el de Alexander en Oaxaca y el de Giselle en la Ciudad de México. Todos ellos personas que tuvieron en común el ser abusados por parte de instancias locales de seguridad que se suponía tenían que protegerlos. Más allá de esas coyunturas, está la medición de confianza entre la ciudadanía, México ocupa los últimos puestos, junto con Nicaragua y Venezuela, en el nivel de confianza en la policía[1]. Es por ello, que vale la pena reflexionar al respecto y conocer buenas prácticas de otros países que tradicionalmente no se voltean a ver desde México, como son Colombia, Honduras y Uruguay, en los que se han realizado esfuerzos importantes en sus corporaciones policiales a fin de brindar mayor seguridad a sus ciudadanos.


La ciudad de Medellín, la segunda más grande de Colombia, durante mucho tiempo fue conocida como la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 375 homicidios por cada cien mil habitantes en 1992, logró bajar su tasa a 25 en 2018. Mientras que en lo que va del año, los homicidios se han reducido en 64% respecto al año pasado. Esto, se ha alcanzado gracias a intervenciones integrales, en las que la Policía Nacional de Colombia, ha tenido un papel relevante en especial por cómo ha implementado acciones con enfoque comunitario. En especial, se han instalado los denominados Centros de Atención Inmediata[2], que, de la mano de un entrenamiento basado en la filosofía comunitaria, han permitido generar un arraigo local de la policía en las comunas (barrios) de esa ciudad.


En el caso de Honduras, destacan dos logros fundamentales: la disminución de la tasa de homicidios de 89 a 41 homicidios por cada cien mil habitantes entre 2012 y 2019, y 2) el aumento de la confianza ciudadana en la policía de 26.8% en 2012 a 46.8 en 2017. Esto, se puede explicar principalmente por la inédita labor de depuración de policías, más de cinco mil elementos, lo que equivalía en ese momento a cerca del 30% de la fuerza[3]. La depuración se dio de arriba hacía abajo, empezando por los altos mandos y a través de procesos de certificación de confianza y evaluaciones socioeconómicas, toxicológicas y psicométricas. Lo anterior, también estuvo acompañado de la implementación de diversas medidas con el objetivo de dignificar la labor policial, como el aumento de sueldo y prestaciones, reclutamiento de perfiles más preparados, con al menos preparatoria terminada, y de perfiles más diversos, incluyendo más mujeres y más representantes de minorías étnicas.

Por su lado la Policía Nacional de Uruguay, tras recibir más de 17 mil denuncias por robo en Montevideo en 2015 (un incremento del 10% respecto al 2014), implementó el Programa de Alta Dedicación Operativa[4], que se enfoca en el patrullaje de calles en las que se concentra el 20% de los robos. Lo anterior, tuvo un éxito en la reducción del 30% de robos en esas calles que fueron intervenidas. Para poder lograr esos resultados, fue necesario que se contará con un programa de recolección, visualización y análisis de datos criminales, así como el cambio de modelo policial, pasar del tradicional modelo de patrullaje por cuadrantes a uno más específico por calles y utilizando métodos de patrullaje a pie y no en patrullas, lo que también significó ofrecer incentivos a los policías.


Estas son solamente algunas propuestas que pueden servir, para al final lograr algo que al menos se lleva proponiendo durante los últimos cien años[5], cómo hacer que la policía pase de ser un trabajo a una profesión, con los estándares necesarios para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. México, requiere una policía más cercana a la ciudadanía, mejor preparada y con mejores tácticas para prevenir el delito.


Gustavo Mauricio Bastién Olvera


Es especialista en temas de seguridad y justicia con más de diez años de experiencia. Trabajó durante cuatro años en el Banco Interamericano de Desarrollo, primero en la sede en Washington D.C., y posteriormente en Honduras. De igual forma, fue delegado en la Organización de Naciones Unidas para atender reuniones sobre prevención del tráfico de armas y ante la Conferencia de Estados Parte de la Organización para la Proscripción de Armas Químicas. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden, Países Bajos.


[1] Latinobarometro, Confianza en la policía, análisis online, en línea: http://www.latinobarometro.org/ [2] Muggah, R., et al, Haciendo de las ciudades más seguras, World Economic Forum, 2016. [3] Dye, D., Police reform in Honduras, Wilson Center, 2019 [4] Chainey, S., Serrano–Berthet, R., Veneri F., The impact of a hot spot policing program in Montevideo, Uruguay: an evaluation using a quasiexperimental difference-in-difference negative binomial approach, Police Practice and Research Journal, 5 de abril, 2020, en línea: https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1749619 [5] “Police Work a Profession, Not a Job.” Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology, vol. 7, no. 4, 1916, pp. 622–624. JSTOR, en línea: www.jstor.org/stable/1134009.