ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

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Chile y el mal menor

Chile y el mal menor

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El resultado de la primera vuelta electoral en Chile parece confirmar la culminación de la paulatina evaporación del oasis político y económico que ostentó durante las últimas tres décadas. Si bien una serie de eventos tales como el movimiento de protesta de 2019, los escándalos de corrupción en torno a la administración del presidente Piñera y la creciente desigualdad ya habían significado un importante desgaste, estos primeros resultados hablan de un vaticinado pero significativo presagio: el quiebre del statu quo político chileno. Toda ruptura viene acompañada de un periodo de inminente cambio e incertidumbre. No es gratuito que esta coyuntura haya llevado al puntero a dos candidatos en polos opuestos del espectro político. Los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente que se encuentra redactando la Carta Magna que regirá al país ya anticipaban una consistente predilección por candidaturas independientes y fuera del establishment. Las coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha que caracterizaron el sistema de partidos tras el periodo de transición democrática perdieron la confianza del electorado, y con ello, la posición de mando. El desenlace electoral dependerá en gran medida de cómo adapten sus mensajes ambos contendientes en las semanas venideras. Tanto el candidato de extrema derecha José Antonio Kast, como el social demócrata Gabriel Boric deberán capitalizar a aquellos votantes en el centro del espectro. Resulta complejo pensar en la consolidación de este balance moderado ante los mensajes antagónicos que han caracterizado sus campañas. Es innegable que tanto el mensaje de ley y orden de Kast como la promesa de igualdad social y redistribución de la riqueza de Boric son efectivos en cuanto apelan a los sentimientos y esperanzas de sus respectivas bases electorales. Sin embargo, los problemas presentes tales como los estragos socio-económicos de la pandemia, el estado de emergencia derivado de choques con la comunidad Mapuche y la crisis migratoria ameritan una agenda más allá de posturas blanco y negro. Independientemente del resultado, existen por lo menos dos retos venideros en términos de gobernabilidad. Por un lado, de ser aprobada la nueva constitución en el plebiscito que tendrá lugar el año próximo, el candidato que resulte ganador tendrá que adaptar su administración a un orden institucional completamente distinto, ya que se plantean reformas en la totalidad del sistema político, legislativo y judicial. Pese a que hasta el momento no se ha contemplado, las nuevas reglas del juego podrían incluso hacer un llamado a nuevas elecciones en este esfuerzo de transitar de un sistema fuertemente presidencialista hacia uno parlamentario. Por otro lado, pese haber logrado su principal objetivo, la llama que encendió las protestas masivas hace 2 años sigue viva. Evitar plasmar todas las demandas de distintos sectores en la ley, podría revivir episodios similares en el corto plazo. Ante esta compleja situación, mucho se ha hablado sobre la polarización en esta coyuntura. Sin embargo, la evidencia apunta hacia una problemática menos simplista y más alarmante. Si bien en el campo político se percibe un clima extremo y agitado, sería aventurado hablar de una sociedad polarizada. Por una parte, el 53% de abstención muestra una fé de desinterés y desencanto. Asimismo, tanto el inesperado puntaje que logró el candidato anti-sistema Francisco Parisi como la amplia fragmentación del próximo congreso refleja las múltiples demandas que movilizan al electorado. El fenómeno del mal menor parece caracterizar a una gran parte del continente latinoamericano y esta no ha sido la excepción. En una región con desafíos apremiantes, las voces chilenas claman por un mayor pragmatismo y una menor retórica vacía. Raquel López-Portillo Maltos Es Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana y especialista en Análisis Político, Democracia y Elecciones por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, derechos humanos, igualdad de género y educación. Actualmente se desempeña como analista estratégica regional en temas relacionados con América Latina. Es Asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

El balance de poder climático en América Latina

El balance de poder climático en América Latina

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El cambio climático tiene ya efectos visibles en América Latina y el Caribe. El aumento en temperaturas oceánicas ha causado la perdida del 80% de la cobertura en los arrecifes coral del Caribe en décadas recientes, afectando a ecosistemas marinos y comunidades pesqueras. El año 2020 registró la temporada de huracanes más activa en registro; los huracanes Iota y Eta causaron terribles pérdidas en Nicaragua y Honduras. Las sequías prolongadas de 2020 y 2021 han afectado seriamente las economías de Argentina, Paraguay y Uruguay, sin olvidar que, en México, cerca del 90% del territorio nacional registró algún grado de sequía en abril. Frente a este panorama, los tres principales emisores de Gases de Efecto Invernadero de la región –Brasil, México y Argentina– llegaron a la COP26 sin coordinación para empujar temas clave en la agenda regional. Una postura común habría sido clave para negociar de manera conjunta con actores del mundo desarrollado como Estados Unidos o la Unión Europea. Desde su llegada al poder, el presidente argentino Alberto Fernández ha tomado un peso importante en la región para discutir temas climáticos. Además de haber presentado en la COP26 una nueva meta climática más ambiciosa que la de 2015, ya prepara un plan nacional para producir hidrógeno verde y ha propuesto la aprobación de una ley de electromovilidad. Más aun, el 8 de septiembre, Argentina organizó el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las América, el cual contó con la asistencia de otros 7 mandatarios regionales, además del enviado climático de EUA, John Kerry y el Secretario General de la ONU. Al igual que sucedió en la cumbre climática convocada por Argentina, los mandatarios de Brasil y México estuvieron ausentes en el segmento de alto nivel de la COP26. Además de la falta de interés de ambos mandatarios por el cambio climático y el medio ambiente –que ambos han externado de manera muy clara–, la ausencia de Brasil y México hace eco de los serios retrocesos en política ambiental y climática que se han registrado recientemente en estos dos países. De hecho, en 2020, Brasil y México actualizaron los compromisos climáticos originalmente presentados en 2015, en el marco de la firma del Acuerdo de París; contrario a lo pactado, los dos países latinoamericanos presentaron nuevas metas climáticas que llevarían a niveles incluso más altos de contaminación en 2030. Lo que ocurre en Brasil ha recibido mayor atención mediática, por su impacto global. Ese país alberga el 60% de la cobertura forestal de la cuenca del Amazonas, un gran almacén de dióxido de carbono. El gobierno de Jair Bolsonaro se ha encargado de desmantelar las protecciones institucionales que evitaban la reducción de cobertura forestal. En 2020, la tasa anual de deforestación llegó al nivel más alto en los últimos 12 años y los incendios forestales han aumentado considerablemente, impulsados por prácticas de los sectores agropecuario y minero para despejar la tierra. Con todo, la diplomacia climática de EUA y la Unión Europea ha logrado, al menos, presionar a Brasil para presentar nuevos compromisos en la COP26: anunció una nueva meta climática hacia 2030 y un compromiso para alcanzar emisiones netas cero en 2050, además de suscribir el Convenio para Detener y Revertir la Deforestación hacia 2030. México, que hasta hace unos años era considerado una voz relevante entre economías emergentes para abordar temas climáticos, tuvo un papel casi invisible durante la COP26. No hubo cambio alguno en la meta climática de corto plazo hacia 2030, hoy contraria al Acuerdo de París, y perdió la oportunidad de presentar un plan de emisiones netas cero hacia 2050. Por si fuera poco, nuestro país llegó sin posturas claras en temas relevantes para la región, como el canje de deuda por acción climática, el financiamiento de soluciones basadas en naturaleza o la reglamentación de mercados de carbono. Ricardo Smith Nieves Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Asesor en Desarrollo Sustentable y Temas Globales en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Asociado Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Videocolumna semanal en Gluc.mx y colaborador en asuntos internacionales para el podcast Política 101, de Inkoo.mx.

México y el Comité de la ONU contra la desaparición forzada

México y el Comité de la ONU contra la desaparición forzada

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) fue creado en 2011, tras la entrada en vigor del tratado internacional en la materia. Las violaciones de derechos humanos (DDHH) que ocurrieron en América Latina en los años sesenta y setenta dieron pie al concepto de desaparición forzada y, eventualmente, a la creación de estas instituciones internacionales. Sin embargo, para México, la desaparición forzada no es asunto del pasado. A las personas desaparecidas durante la mal llamada Guerra Sucia, se han sumado muchas miles en los últimos quince años, debido al aumento de la violencia en el país y a la colusión de fuerzas policiales con el crimen organizado. Según datos oficiales, en México hay más de 94,000 personas desaparecidas. El CED es un valioso recurso para víctimas, familiares, sociedad civil y gobiernos, en la búsqueda de memoria, verdad, justicia y no repetición del fenómeno de la desaparición forzada. El Comité está integrado por 10 expertas independientes y realiza, principalmente, tres tareas: 1) la emisión de recomendaciones a los Estados, a partir de información provista por gobiernos y sociedad civil; 2) el envío de peticiones de acción urgente a los Estados, para que localicen y protejan a personas recientemente desaparecidas; 3) la evaluación de denuncias individuales interpuestas por familiares y representantes de víctimas de desaparición. El CED visitará México por primera vez del 15 al 27 de noviembre de este año. La visita tiene lugar en el marco de la reciente y creciente apertura de nuestro país a este comité de las Naciones Unidas. En octubre de 2020, el gobierno de México finalmente reconoció la competencia del CED para atender denuncias individuales sobre casos de desaparición. Asimismo, en junio de 2021, la Suprema Corte decidió que las autoridades gubernamentales tienen la obligación de implementar las acciones urgentes que el Comité solicite. En diciembre de 2020, el CED reportó que el 42% de sus peticiones de acción urgente a nivel mundial son sobre desapariciones en México. Al igual que la inminente visita, estos avances son triunfos de las familias de víctimas de desaparición, quienes buscan recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de sus seres queridos y su persecución de justicia. Sin embargo, el reconocimiento de competencia y la visita, que había sido solicitada por el CED desde 2013, no se explican tampoco sin la voluntad política que innegablemente existe en el gobierno federal, especialmente en sectores de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, para hacer frente a la problemática de la desaparición, y para hacerlo desde la apertura al escrutinio internacional en materia de DDHH. La visita del CED es una excelente noticia. Para las familias de personas desaparecidas, es una oportunidad para dialogar con personas expertas e interesadas en su búsqueda de verdad y justicia. El Comité puede servir de apoyo y de puente para que sus casos sean atendidos y sus voces escuchadas por autoridades gubernamentales. Para el gobierno mexicano, la visita es un espacio para el diálogo político y, sobre todo, para la asistencia técnica en materia de desaparición forzada. Para el CED, la visita a México representa también una oportunidad. Aunque visitar Estados forma parte del mandato del Comité, ésta será la primera que realiza en su historia. Los organismos internacionales de DDHH operan independiemente de si los Estados tienen o no voluntad de cooperar con ellos. Es indispensable que operen así. Sin embargo, estos organismos funcionan mejor cuando encuentran en sus contrapartes estatales apertura para el diálogo y la cooperación. Ello debido a que, a falta de un Leviatán internacional, la implementación de estándares regionales y universales de DDHH depende siempre, en última instancia, de los Estados. Ojalá que la visita del CED sea productiva para todas las partes. Se lo debemos a nuestras 94,000 personas desaparecidas. María José Urzúa Valverde Es estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton, donde se especializa en Relaciones Internacionales y Política Comparada, con un enfoque regional en América Latina. Es maestra en Ciencia Política por la misma universidad y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde se tituló con mención honorífica y obtuvo el Premio de Investigación Ex ITAM por su trabajo de tesis. María José fue becaria Fulbright-García Robles del 2018 al 2021. Sus principales intereses de investigación son los derechos humanos en el sistema internacional, la política exterior de México y las relaciones internacionales de América Latina. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Los derechos humanos y la democracia en el sistema interamericano, escrito en coautoría con la Dra. Natalia Saltalamacchia.

La COP26, entre promesas y acciones

La COP26, entre promesas y acciones

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Es posible que estos días hayan leído o escuchado sobre la Cumbre de Líderes Mundiales que se realiza durante la COP26 en Glasgow, Escocia. Diversos medios de comunicación volcaron sus reflectores para cubrir las participaciones de importantes jefes y jefas de Estado o de Gobierno quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus posturas iniciales sobre las negociaciones internacionales en materia de cambio climático que se realizarán por dos semanas. A pesar de los esfuerzos de organización por parte del Gobierno del Reino Unido, el inicio de la COP26 ha dejado un sabor amargo entre las y los participantes. Durante meses hubo grandes dudas sobre si los países que se encontraban en la lista roja del país anfitrión por la pandemia de COVID-19, podrían ingresar con o sin cuarentena obligatoria; precios exorbitantes de hospedaje que representaron un gran reto para los países del sur global; además de las largas filas para ingresar al recinto, la poca capacidad para recibir a las casi 30 mil personas acreditadas y las pruebas de antígenos que diariamente deben ser realizadas. El 2 de noviembre se anunció que 105 países, entre ellos México, se adherían a la Declaración sobre bosques y uso de la tierra, con la cual se reafirman compromisos con el uso sostenible de la tierra, con la conservación, la protección, la gestión sostenible y la restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres. Señalan también que trabajarán colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030. Dicha Declaración podría parecer ambiciosa, sin embargo, ya hemos escuchado este tipo de compromisos y de promesas en diversos foros internacionales, cumbres, o convenciones, incluso México entregó como un componente de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), que se comprometía a una tasa de 0% de deforestación para 2030. El verdadero reto es que los estados Parte del Acuerdo de París no solo cumplan con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también incrementen estos compromisos si queremos evitar que la temperatura se eleve por más de dos grados centígrados. Otro aspecto primordial que se está discutiendo en la COP26 es el tema del financiamiento. Es innegable que sin recursos económicos poco se podrá avanzar en los países del sur global quienes no son responsables por el aumento histórico de las emisiones de GEI. Los países más contaminantes siguen sin cumplir con su compromiso de entregar 100 mil millones de dólares por año en financiamiento climático, y aunque esto no debería ser una excusa para que países como México no cumplan con sus NDC, sí representa un obstáculo para la reducción de emisiones a nivel global. Estos recursos económicos deberían ser a fondo perdido y no préstamos que estrangulen aun más las economías de los más vulnerables. Durante la COP26 también se delinearán temas de suma importancia como la agricultura; la silvicultura; la descarbonización de todos los sectores; la eliminación gradual del carbono; la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles y a las industrias contaminantes; el precio al carbono y los mercados de carbono; las pérdidas y daños; la adaptación, la resiliencia; y la educación ambiental. El éxito de estas negociaciones internacionales dependerá de la voluntad de cumplimiento que asuman los gobiernos, sin embargo, la responsabilidad de reducir emisiones corresponde indiscutiblemente también a las industrias y a la participación de los gobiernos subnacionales. El futuro nos alcanzó, no necesitamos más promesas rotas. Jatziri Pando Medina Abogada especializada en derecho ambiental, cambio climático, energía, y derechos humanos. Ha laborado por doce años en el Senado de la República, en donde ha desempeñado cargos como el de Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Cambio Climático, y actualmente es Secretaria Técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

ETA y la traición

ETA y la traición

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Con tan solo 8 años Jon Viar descubriría que su padre fue miembro de ETA y que, entre su álbum familiar, estaría una foto de Txabi Etxebarrieta, autor material del primer asesinato de esta organización e ídolo de la resistencia vasca. A una década desde el fin de las acciones terroristas de ETA (20 de octubre de 2011), los distintos esfuerzos por retransmitir los recuerdos y traumas de la historia española moderna encuentran eco en una sociedad que comparte muchos relatos pero que, al mismo tiempo, se aleja en lo que atañe a una memoria histórica común. De manera brillante y honesta, Jon Viar hace en su último filme “Traidores”, una especie de recorrido psicoanalítico entorno a los efectos y síntomas que dicha organización terrorista ha provocado en su círculo familiar, político y social. Iñaki Viar, padre de Jon, fue condenado a 20 años de cárcel por colocar una bomba en la Bolsa de Bilbao que, si bien no explotó, terminaría en prisión. Jon, junto a su padre y otros ex miembros de ETA, protagonizan en este documental más que la búsqueda por una redención, una historia de traición. Una traición que la portan con orgullo, pues los llevó a cuestionar y romper historias de fidelidad y de linajes familiares, pero sobretodo, a poner un alto al “delirio de pureza, identitario y racista”, como señala Jon en una reciente entrevista sobre su filme que puede ser visto en RTVE. Una votación para decidir “si matar o no matar” a Patxi Torrioz (líder de ETA) por sus tintes “españolistas”; atestiguar que en prisión “todos eramos iguales” (etarras, nacionalistas, comunistas, trostkistas), o bien, ver que el dolor de una madre de un Guardia Civil asesinado por ETA era el mismo que el de una madre de un militante de ETA asesinado por la Guardia Civil, son algunos destellos que llevaron tanto a Iñaki Viar como a otros miembros de la organización a haber sido expulsados al noveno y último círculo del infierno de Dante. “El arrepentimiento es un acto estéril, casi ridículo. El asesinato será pecado para un religioso. Para los ateos como yo es un acto irreversible” señala Jon, quien nació en Bilbao el 20 de noviembre de 1985, justo 10 años después de la muerte de Franco. El tiempo demostraría que la afrenta del separatismo vasco no tendría como objetivo al franquismo, sino a la democracia española en su conjunto. ETA asesinó a 853 personas y los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), agrupaciones parapoliciales utilizadas por el gobierno de Felipe González entre 1983 y 1987 para combatir el terrorismo de ETA, a 27 personas. Ni la transición a la democracia ni la llegada del PSOE al poder detendrían la muralla identitaria y terrorista que por años ha disfrazado la xenofobia y el delirio. Emerson Segura Valencia Actualmente se desempeña como Asesor Parlamentario en el Senado de la República. Anteriormente, fue investigador en el Centro de  Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y también fue Asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del mismo Senado. Se desempeñó como investigador en el CII del Instituto Matías Romero de la SRE.  Es egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la UDLA y cuenta con estudios en Análisis Político por el CIDE.

Descarbonización y neutralidad climática en COP26

Descarbonización y neutralidad climática en COP26

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Con retraso de un año por la pandemia y a pocas semanas de haber concluido la temporada estival en la que el hemisferio norte, en el mes de julio, se superó a sí mismo como el mes más caluroso de la historia con una temperatura de 1,54°C por encima del promedio; el Reino Unido, en un ambiente de expectativa creciente, acogerá desde el 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Con el foco puesto en los líderes de las economías más contaminantes del mundo, y el llamado a cumplir los compromisos de financiamiento climático a los países en desarrollo más vulnerables, la mexicana Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), recordaba recientemente la importancia de esta cita mundial al señalar que 2021 es el año más importante para lograr “un cambio fundamental y transformador en la política y la acción climática mundial”. Partiendo de esa recomendación la COP26 se convierte en una oportunidad para reorientar los insuficientes compromisos multilaterales que conduzcan a atajar la emergencia climática que, solo en el presente año, de manera simultánea, produjo eventos climáticos extremos como las inusuales olas de calor con saldo de 500 muertos en Norteamérica, los incendios forestales en Rusia donde en un solo día se ha quemado un área que equivale a 4.9 millones campos de fútbol, además de los grandes fuegos en California, las graves inundaciones en Europa, las lluvias torrenciales en la ciudad de Zhengzhou en China donde en seis horas ha llovido la mitad de su media anual, el deshielo masivo que afectó a Groenlandia, entre otros fenómenos como la grave sequía que afectó al centro y sur de Brasil o el incremento de las tormentas tropicales, entre otros muchos. Con un Reino Unido fuera de la Unión Europea y decidido a asegurarse una posición de liderazgo durante los próximos diez años como se desprende del planteamiento de su nueva estrategia de política exterior —impulsada bajo la dirección Johnson y titulada 'Un Reino Unido global en una era competitiva'—, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son asumidos como prioridad internacional número uno, a la vez que la diplomacia y el desarrollo se articulan en una nueva narrativa con el objeto de alcanzar un mayor impacto en el binomio cambio climático y pobreza extrema, sobre todo, cuando cada vez, con mayor frecuencia, se incrementa el número de personas refugiadas y desplazadas por los efectos del cambio climático. Bajo la premisa anterior, el Reino Unido llegará a la COP26 con importantes resultados desde el Acuerdo del Paris de 2015 adoptado en la COP21 por 194 naciones, al haberse convertido en la primera economía avanzada en el mundo en aprobar en 2019 una ley que procura alcanzar la meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, sumado al reciente anuncio a inicios de mes de nuevos planes para garantizar que los hogares y los negocios en Reino Unido cuenten con electricidad limpia, segura y asequible para 2035, contribuyendo de ese modo a reducir la dependencia y exposición a los precios volátiles de los combustibles fósiles. Con Estados Unidos de regreso al Acuerdo y China dispuesta a alcanzar su techo de emisiones de carbono en 2030 —siendo ambos responsables del 45% de las emisiones contaminantes—, las esperanzas por un futuro más verde se renuevan, a la vez que nos tornamos más conscientes del enorme desafío que enfrentamos como humanidad ante los efectos del cambio climático, afectaciones por las cuales todos tenemos una parte de la responsabilidad. Alfredo Suárez Mieses Diplomático dominicano, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PhD) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Formación multidisciplinar con Maestrías en: Estudios Latinoamericanos mención Economía Internacional (USAL); Ciencia Política para el Desarrollo Democrático (USAL); Estudios Internacionales (PUCMM); y, Administración de Negocios para Ejecutivos -MBA (UQAM). Especialidad en Ciencias Pedagógicas con mención en la Enseñanza de las Ciencias Económicas y Empresariales (UNAPEC).

Nord Stream después de Merkel

Nord Stream después de Merkel

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Tan solo 10 días antes de que Angela Merkel ganase sus primeras elecciones en 2005, su predecesor Gerhard Schöder firmaba el acuerdo que ampliaba la capacidad de Rusia de enviar gas natural directamente a Alemania a través de un segundo gaseoducto en el Mar Báltico: Nord Stream 2. Los últimos días de Merkel al frente de Alemania coinciden con la finalización de la construcción del gaseoducto. Nord Stream supone la reducción del volumen de gas enviado desde Rusia a Alemania y otros países centroeuropeos a través de países de tránsito, como Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia. Estos países perderán ingresos derivados del cobro de tasas por el tránsito de gas y poder vis-à-vis Rusia. Ucrania mantiene una guerra frente a rebeldes en el Este del país apoyados por el Kremlin y los otros países mencionados acostumbran a sufrir intimidaciones y amenazas rusas. Alemania justifica Nord Stream por dos razones. La primera, que a través del comercio Rusia devendrá un país más moderno, tolerante y democrático (Wandel durch Handel). La segunda, la deuda de Alemania con Rusia tras la Segunda Guerra Mundial por los daños humanos, materiales y morales causados. Los países ubicados entre Alemania y Rusia replican enojada y acertadamente que Rusia se está tornando más agresiva y autoritaria y que estos países no fueron menos víctimas de Alemania que Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Debilitando la posición de los países de tránsito, varios de ellos socios de Alemania en la Unión Europea y la OTAN, Merkel renunció a impulsar una verdadera política común europea exterior y de seguridad y defensa, en tanto que priorizó objetivos cortoplacistas a nivel interno –abaratar el coste de la energía – a costa de alienar a sus aliados. Sirva de ejemplo que el Primer Ministro polaco rechazó recientemente recibir a la todavía Canciller Federal en Varsovia. Las administraciones Obama y Trump fueron reticentes al proyecto e impusieron sanciones con el fin de bloquearlo, pero Joe Biden levantó estas sanciones. Una vez que Estados Unidos ha definido a China como su rival geoestratégico, Washington ha priorizado mejorar las relaciones con Berlín para así acercar a Alemania a un bloque frente a China. Meses antes de que Washington diese su luz verde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia sorprendente a la que no se le ha prestado la suficiente atención política. La sentencia falla contra Alemania y a favor de Polonia con respecto al sobreuso del gaseoducto de Nord Stream 1, interpretando que el de ‘solidaridad energética’ es un principio fundamental de la Unión Europea, efectivo incluso cuando no ha sido incorporado a la legislación secundaria. Por lo tanto, los Estados Miembro de la Unión Europea están obligados a garantizar la seguridad energética del resto de Estados Miembro en sus políticas energéticas nacionales. La respuesta política a Nord Stream 2 llegó desde Madrid. España, muy lejos de Rusia, ve como su seguridad energética se ve amenazada por las tensiones entre Argelia y Marruecos. El gobierno español, muy bien conectado con la Comisión Europea, instó a esta a considerar que la Unión Europa lleve a cabo compras conjuntas de gas natural y que gestione reservas estratégicas, esto es, contraponer a los exportadores de gas natural un monopsonio europeo que restaría sentido a Nord Stream 2. España está muy lejos de Rusia, pero en las últimas semanas, el New York Times y La Repubblica documentaron la presencia de espías rusos en durante la crisis del referéndum de independencia en Cataluña en 2017. El próximo canciller alemán pagará un precio político caro por el abaratado gas natural ruso. Fernando Hortal Foronda Es graduado en filosofía, política y economía por la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y maestro en Estudios Europeos por la London School of Economics.

TMEC y el autosabotaje anunciado

TMEC y el autosabotaje anunciado

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Por más de un año, en incontables ocasiones escuchamos al presidente López Obrador sostener que el T-MEC será el motor que sacará a la economía nacional adelante ante la contracción que implicó la pandemia de COVID-19 y su cuestionada gestión a nivel nacional. Si bien esta visión es atinada en cuanto al potencial del nuevo tratado para hacer de México un actor competitivo en la economía global, en Palacio Nacional parecen haber olvidado que el éxito de su implementación esta fuertemente ligado a la certidumbre y al respeto a las reglas del juego. El pasado 30 de septiembre el Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a la Constitución para dar marcha atrás a la reforma energética promovida en 2013 por el presidente Peña Nieto. Esta iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico a fin de que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE. Así, desaparecen los órganos reguladores (la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos) haciendo a la CFE juez y parte en el mercado energético. Si bien se dispone que las actuales inversiones privadas “legítimas” podrán participar en la generación de hasta el 46% del consumo eléctrico nacional, esta participación se incorporará mediante un mecanismo de adquisición establecido por la propia CFE, sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. En ese sentido, la iniciativa plantea que para su instrumentación requerirá la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada. De igual forma, la iniciativa propone que únicamente el Estado mexicano pueda realizar la extracción y explotación de litio, así como de “otros minerales estratégicos”. Aunado al impacto social y medioambiental de priorizar el despacho de energía eléctrica producida en gran medida con combustóleo, la afectación al clima de negocios, a la inversión y al Estado de Derecho será de dimensiones incalculables. No solo eso, se afectaría la competitividad de toda la industria en México, pues la energía producida por la CFE y que será priorizada bajo argumentos de confiabilidad, puede resultar hasta 252% más cara, de acuerdo con el IMCO. En el caso del T-MEC, pero también de otros tratados de última generación como el TIPAT o el TLCUEM, esta reforma representa violaciones flagrantes a la cláusula de trato nacional y los capítulos relacionados con inversión. Limitar la exploración del litio y demás minerales estratégicos representa también una violación a los tratados mencionados, pues en ellos no se reserva el desarrollo de esta actividad a los Estados, como sí se hace, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear. De tal modo, en el marco del T-MEC podrían detonarse controversias Estado-Estado, a través de las cuales un panel podría determinar si existe daño alguno, y en su caso el Estado demandante podría tomar represalias. Asimismo, se podría detonar un mecanismo Inversionista-Estado, en el que un panel establecería si existe un daño, y en su caso, el Estado tendría que realizar el pago de indemnizaciones (laudos), que, por la naturaleza de las inversiones en esta industria, se estima de sumas multimillonarias. De tal forma, atentar contra el espíritu del T-MEC resulta un autosabotaje a la supuesta gran apuesta de este gobierno por la recuperación de la economía nacional. Daniel Rosado Méndez Es internacionalista por el ITAM y maestro en desarrollo social por la University College London. Fue responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Implementación del T-MEC en el Senado. Twitter: Fernando Mayer De Leeuw Es internacionalista y maestro en administración pública por la Ibero. Fue parte del equipo negociador del T-MEC en las materias de Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Energía, Inversión y Comercio Transfronterizo. Twitter: @fermayer18

OEA, CEPAL, CELAC y las relaciones interamericanas

OEA, CEPAL, CELAC y las relaciones interamericanas

En 2021 se conmemoran el 73° aniversario del nacimiento de dos importantes instituciones para el continente americano: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en cambio, es de más reciente cuño y tiene, apenas, dos lustros de vida. Nació el 3 de diciembre de 2011 en el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y de la XXII Cumbre del Grupo de Río ambas celebradas en Caracas, Venezuela. Cada una de estas instituciones tiene objetivos que estarían llamados a converger, si bien a menudo afloran las discrepancias entre los participantes. Las más visibles han acontecido en el seno de la OEA y actualmente también en la CELAC. Esto deja a la CEPAL en solitario, actuando como un bróker con la responsabilidad de orquestar estudios económicos, sociales y otros más, para contribuir al diseño de políticas públicas que permitan el fomento de la prosperidad entre los países del continente americano. Con todo, queda la sensación de que América Latina y el Caribe tienen muchas afinidades e intereses convergentes que no han logrado traducir en sólidos esquemas de integración, esto por razones políticas e ideológicas. Consulta el artículo en PDF aquí.

¿Podrá haber acuerdo entre Maduro y la oposición?

¿Podrá haber acuerdo entre Maduro y la oposición?

Colaboración publicada originalmente en El Economista. En toda negociación dos elementos parecen resultar centrales para que pueda llegarse a un acuerdo. Por un lado, que las partes tengan confianza en que quien tienen enfrente respetará las reglas que se establecen para llevar adelante el proceso y que honrará los compromisos a los que se lleguen. Por el otro, el hecho de que quienes toman parte sientan que lo que pueden perder si en algún momento se deciden a abandonar la mesa de negociación les generará importantes efectos negativos para sus intereses. Estas cuestiones tienen que tomarse en cuenta al momento de analizar las negociaciones que, nuevamente, han comenzado a desarrollarse, esta vez en suelo mexicano, entre representantes del gobierno de Maduro y de la oposición venezolana. No es la primera vez que las partes deciden sentarse en una mesa común y cargan con haber fracasado en intentos anteriores. Los opositores han acusado al presidente de Venezuela de haber utilizado las negociaciones más como un fin que como un medio, y no les ha faltado razón. Un fin, en tanto Maduro apeló el llamado al diálogo en momentos de debilidad interna con la intención de aliviar la presión y comprar tiempo para recomponerse, apelando a exacerbar las posturas contrapuestas que desde hace años han existido entre diversos sectores de la oposición. Y a fin de cuentas, esta estrategia le funcionó. La oposición, por su parte, en los procesos anteriores pareció partir de la convicción de que llegar un acuerdo en torno a su principal reclamo, la celebración de elecciones transparentes y equitativas, pavimentaría su arribo inevitable al poder y marcaría el ocaso definitivo del chavismo. En otras palabras, imperaba en su postura una lógica del “todo o nada” que hacía perder de vista cualquier acuerdo que no supusiera la rendición del adversario. Los fracasos anteriores llevaron a que como parte importante del proceso actual se haya debido invertir importante tiempo en generar un memorando de entendimiento que detalla una serie de acuerdos parciales y que sirve para guiar al diálogo. Tampoco resulta sorprendente que el gobierno de Noruega, que apoyó las negociaciones entre la presidencia colombiana y las FARC, haya asumido el rol protagónico como mediador, y que las discusiones se lleven adelante en México, que procura reconstruir su liderazgo regional. Los primeros signos parecen ser auspiciosos, pero en cierta medida no marcan una diferencia sustantiva con lo observado en intentos de negociación anteriores. Lo que quizás sí muestra un escenario distinto es como llegan las partes y cual es el objetivo que persiguen. En el caso de la oposición, la apuesta a que las presiones externas e internas llevaran a un resquebrajamiento del gobierno de Maduro y esto se tradujera, fundamentalmente, en la ruptura de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas no ha dado sus frutos. Al mismo tiempo, la estrella ascendente de Guaidó se ha ido apagando. Por eso, llegar a un acuerdo que no necesariamente suponga una caída del régimen pero genere las condiciones para participar en elecciones regionales que le permitan recuperar cierta cuota de poder puede ser visto, así las cosas, como una tabla de salvación. Por el otro lado, si bien Maduro ha recompuesto su poder interno, las sanciones económicas y el bloqueo al acceso a activos del país en el exterior se han convertido en problema estructural para el gobierno. En los tiempos de Trump en la presidencia una reversión de esta política resultaba imposible si no se aseguraba la salida del chavismo del poder. Sin embargo, la administración de Biden parecería estar más abierta a reconsiderar esta cuestión si esto permite acercar a las partes a un acuerdo. Por esto mismo es que los representantes de Maduro han llevado este tema a la mesa de negociaciones como su principal reclamo. Y a cambio éste podría estar abierto a tolerar cierta pluralización del ejercicio del poder en el país. Considerando los reiterados fracasos del pasado sería prematuro adelantar un resultado exitoso para esta nueva ronda de negociaciones. Sin embargo, los elementos expuestos anteriormente podrían servir para alentar cierto optimismo. Juan C. Olmeda Es doctor en Ciencia Política por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, en dónde además obtuvo un Master en Ciencia Política. Anteriormente obtuvo un Master en “Ética, Política y Política Pública” por la Universidad de Essex, Reino Unido. En la actualidad es profesor-investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Nivel 1. Desde marzo de 2017 es además director de la revista Foro Internacional

Polonia, los medios y la censura

Polonia, los medios y la censura

Colaboración publicada originalmente en El Economista. En 1979, la censura a una exposición de la BBC en Polonia en la entonces llamada Plaza de la Victoria (hoy Plaza Piłsudski) para conmemorar la cobertura informativa de los tiempos de guerra por parte de la Sección Polaca de la cadena británica, sería el preludio de la primera fisura en la cortina de hierro: barrera, emblema y frontera de la Guerra fría. La noche previa a la inauguración, el Jefe de Servicios de Europa Central de la BBC, Noel Clark, sería notificado de que la exposición debería ser retirada por “no ser oficial” y mostrar archivos bélicos que no debían ser exhibidos. Clarke, en una entrevista diez años después, se lo atribuiría a una orden directa por parte de los soviéticos. En 1980, una ola de huelgas adquiriría notoriedad y la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y, en específico, el movimiento Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, que se convertiría en el primer sindicato libre en el bloque socialista. En este sentido, el papel de la BBC World Service sería clave para el monitoreo, comunicación y cobertura informativa de dichos movimientos que serían parte del ocaso del comunismo. La censura de la exposición en la Plaza de la Victoria anunciaba las preocupaciones del régimen soviético sobre la estrecha relación y el vínculo que existía entre la emisora ​​y su audiencia polaca. Como señaló la Embajada británica en Varsovia en febrero de 1979, “el valor de la BBC es infinitamente mayor que el trabajo de información de la Embajada”. Tras décadas de gobierno comunista las autoridades polacas estaban siendo sometidas a una intensa presión pública a favor de una reforma política, económica y social y el declive económico, indujo a que el primer ministro, el general Wojciech Jaruzelski, declarara la Ley Marcial en diciembre de 1981 llevando así, a la mayoría de los líderes de la oposición a prisión. Dicha Ley Marcial, provocó que fuera extremadamente difícil hacer llegar noticias actualizadas desde el interior de Polonia al resto del mundo. Eugeniusz Smolar, subdirector de la Sección Polaca de la BBC, descubrió una línea telefónica internacional alternativa a Polonia a través de Estambul, que no había sido bloqueada bajo esta ley. Este teléfono se convirtió en un conducto que transportaba información de las organizaciones reformistas en Polonia, como KOR y Solidaridad al mundo exterior. “(la BBC) fue la fuente más autorizada” sobre los eventos en Polonia en la década de 1980”, asevera Smolar. En semanas recientes, la aprobación de una polémica ley de medios en Polonia ha provocado un cisma no solo en la coalición gobernante encabezada por el partido ultranacionalista y conservador PiS (Ley y Justicia) sino en las calles, donde a esta reforma se le conoce como “ley anti TVN”, por ser este medio (estadunidense) el único afectado y el único medio crítico al gobierno. La ley en cuestión pretende prohibir a cualquier empresa fuera del Espacio Económico Europeo que sea propietaria de más del 50% de un canal de televisión con “el objetivo de prevenir una eventual apropiación de los medios de comunicación del país por parte de empresas o gobiernos hostiles”. PiS, ya controla la televisión pública TVP y gran parte de la prensa regional. En la actualidad, la beligerancia por parte de gobiernos en contra de los medios constituye un termómetro que permite medir el estado de salud que goza la libertad de expresión o, más aún, la misma democracia. Los medios, como la democracia, no se construyen en un día. Emerson Segura Valencia Actualmente se desempeña como Asesor Parlamentario en el Senado de la República. Anteriormente, fue investigador en el Centro de  Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y también fue Asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del mismo Senado. Se desempeñó como investigador en el  CII del Instituto Matías Romero de la SRE.  Es egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la UDLA y cuenta con estudios en Análisis Político por el CIDE.

¿Y si Osama Bin Laden viviera?

¿Y si Osama Bin Laden viviera?

No es posible patentar el estilo de intervenciones estadounidenses pese a la similitud de los objetivos. En todos ellos subyace la exportación de útiles o valores democráticos, lo mismo durante la guerra fría que en la era post 11 de septiembre. La única certeza para maximizar el grado de certidumbre durante una eventual intervención consiste en articular una ruta crítica cuyo último nodo responda a la siguiente pregunta: ¿Qué pasará el día después de nuestro regreso? El Pentágono y la CIA colocaron sobre la mesa del presidente Kennedy el escenario de un levantamiento popular en Cuba en contra de Fidel Castro; 1,400 milicianos entrenados en Nicaragua y Guatemala, durante la administración de Eisenhower, se encargarían de encender la mecha. Los sistemas de inteligencia fallaron, Fidel Castro conoció los planes dejando como único vacío de información el lugar donde tendría lugar la invasión. Ni el Pentágono ni la CIA se imaginaron que el sistema comunista de la isla quedaría petrificado avanzadas las dos primeras décadas del siglo XXI. Ha sido el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg el que mejor ha filtrado la estrategia de Estados Unidos en Afganistán a través del pragmatismo: “Nuestra misión era proteger a Estados Unidos no a Afganistán”. Bajo esta premisa, Stoltenberg podría decir: misión cumplida, o si se prefiere, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Donald Trump ya había demostrado que el tipo de gobierno “democrático” en Afganistán se acercaba más a un escenario de simulación que a uno que tuviera auténticos vínculos de arraigo con los valores democráticos como lo pensó o soñó en su momento George W. Bush. Trump estuvo a nada de invitar a miembros del grupo talibán a la Casa Blanca para firmar el acuerdo que finalmente fue suscrito en Doha. Mike Pompeo y el mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador del grupo talibán, no solo firmaron un plan de ruta de retirada del ejército estadounidense de Afganistán, para el grupo radical significó el momento idóneo para asaltar el poder en Kabul. Envalentonado, el grupo talibán le arrebató el control del país al gobierno de Ashraf Ghani, quien fue disminuido como si de una entelequia se tratara. Así lo supo el mundo el 15 de agosto cuando huyó del país con más de 100 millones de dólares. Douglas London, exjefe de antiterrorismo de la CIA para el sur de Asia, comentó que la inteligencia de Estados Unidos sí sabía que el grupo talibán derrotaría a las fuerzas afganas y que era muy probable que el gobierno de Ashraf Ghani caería en pocos días. Su opinión difiere a la de Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. “No había nada que yo ni nadie observara un posible colapso de este ejército (el afgano) y de este gobierno en tan solo 11 días” (The Washington Post, 17 de agosto). ¿Lo que declara Milley es lo que pensó el presidente de Estados Unidos? Cualquier tipo de conjetura sustentada en las aportaciones de las agencias de inteligencia apuntaría al escenario que describe Douglas London, es decir, el presidente Biden sí sabía que el costo de abandonar Afganistán sería dañino para su imagen. Pew Research revela en un estudio que el 54% de los estadounidenses encuestados indica que la decisión de abandonar Afganistán fue buena (31 de agosto), pero no la forma: el 42% cree que el presidente Biden operó mal la salida. Si las cifras son acotadas por ideología partidista, el 70% de los encuestados afines al partido demócrata cree que la decisión fue buena. Al activar las luces largas para viajar al pasado, el 69% de los encuestados por Pew Research asegura que los objetivos planteados al inicio de la intervención militar en Afganistán no fueron logrados. Lecciones La decisión de abandonar Afganistán después de dos décadas y la involución política representada por el grupo talibán al frente del país, revelan la imposibilidad de Estados Unidos y de sus aliados de impedir que este grupo radical pierda influencia en el país, mitigar el tráfico de drogas y, finalmente, lo que prometió el presidente George W. Bush hace 20 años, implantar un sistema democrático. Es indudable que el tema de la mujer había sido una de las externalidades positivas de la invasión militar, pero lo que se ha visto en las últimas semanas, representa una tragedia de proporciones desmedidas. Las adolescentes menores de 20 años son las que sienten que el mundo les está cambiando; hoy, un mundo apocalíptico. De igual manera, las palabras del secretario general de la OTAN son tan frías como indolentes: su compromiso era con Estados Unidos, no con Afganistán. La sensación de abandono es brutal. El atentado maquinado por el Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul el mes pasado fue algo más que una provocación hacia Estados Unidos y sus aliados. Es un símbolo del reacomodo que vendrá entre terroristas en la región. El grupo talibán podrá estar distante de los terroristas del Estado Islámico, pero nunca ha dejado de tener vínculos con Al Qaeda. El presidente Biden calificó su decisión de abandonar Afganistán como “sabia”. Sin embargo, las potencias competidoras ven la acción como una derrota. Estados Unidos pierde gramaje de liderazgo. Jérémie Gallon, diplomático y asesor geopolítico francés, traduce la decisión de Biden con la forma de pensar de Kissinger en una entrevista para el diario La Vanguardia el pasado 5 de septiembre: “Kissinger pensaría que Afganistán no forma parte hoy de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Ahora el interés está en China”. Gallon matiza: “Sin embargo, respecto al método, para Kissinger, había algo muy importante, la credibilidad”. Biden pierde gramaje geopolítico y sus aliados han tomado nota. Desde Bruselas, Josep Borrell insiste en la creación de un ejército europeo con rápidos reflejos. La ola migratoria de afganos ya la resienten Turquía y Grecia. Al mismo tiempo, la migración hormiga de terroristas será otra de las consecuencias. China e Irán se relajan porque las casillas ocupadas en Afganistán por los estadounidenses han quedado vacías. La cronificación de guerras o intervenciones militares suelen perder su razón de ser a mitad de camino. Fue el presidente Obama el que identificó la ubicación de Osama Bin Laden, objetivo central de la operación en Afganistán. El final del capítulo fue hollywoodense; decenas de documentales y alguna película retrataron lo que narrativamente pertenece al happy end tradicional para la industria del entretenimiento. Pero el verdadero final de la ocupación, tomó otro rumbo. ¿Trump hubiera firmado los acuerdos de Doha con el grupo talibán, si Osama Bin Laden viviera? Fausto Pretelin Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.