ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

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Rusia y el talibán

Rusia y el talibán

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Resulta paradójico, sin ser sorprendente, que el país que hace cuarenta años invadió Afganistán y fue expulsado por los ancestros de los talibanes, sea ahora el mediador entre los actuales insurgentes y las autoridades afganas. Esto no hace sino reafirmar lo que Lord Palmerston decía: “los países no tienen amigos permanentes, ni enemigos permanentes, solo tienen intereses permanentes”. El antiguo enemigo participa ahora activamente en las arduas negociaciones que se llevan a cabo entre el movimiento talibán y el gobierno afgano para evitar que el país se vea envuelto en una cruenta guerra civil, como consecuencia de la partida de las tropas norteamericanas y de la OTAN que han dejado un vacío de poder en el país, en detrimento de los intereses geopolíticos de Moscú. Rusia ha llevado a cabo una serie de negociaciones con las partes en conflicto, el movimiento talibán y el gobierno afgano, con el fin de pacificar el país, pero consciente de que los talibanes despliegan una ofensiva terrorista para ocupar una buena parte del territorio. Según el enviado ruso en Afganistán, Zamir Kabulov, los talibanes están dispuestos a llegar a un acuerdo tras veinte años de conflicto. Es importante destacar que el proceso de paz en Catar entre los insurgentes y el gobierno afgano no llegó a ningún avance real, lo que deja a Moscú en una posición protagónica dado su interés en que el vacío dejado por las fuerzas militares de occidente provoque una desestabilización cuyos efectos se verían reflejados en otros países del Asia Central donde cuenta con bases militares. Por esa razón Rusia ha desplegado tropas en la frontera entre Tayikistán y Afganistán. No debemos soslayar el hecho de que Afganistán sea considerado como parte de la zona de influencia rusa en el Asia Central desde hace siglos y que por ello se haya confrontado al imperio persa, al imperio británico y a los Estados Unidos, ni sorprendernos si Rusia llegase a intervenir militarmente de nueva cuenta. De lograr el tan deseado acuerdo de paz, sin recurrir a la fuerza, Rusia recuperaría su papel de gran potencia mundial, elemento toral del ideario del presidente Putin. Héctor Cárdenas Rodríguez Ex embajador de México en Egipto. Ingresó al Servicio Exterior en 1963. Agregado Cultural y Prensa en la embajada en Londres (1963-67), delegación permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra (1967-69), cónsul en Filadelfia (1969-71), embajada en Washington (1971-73), ministro jefe de cancillería en las embajadas en Moscú (1973-1977) y en Londres (1977-1981), embajador en Senegal, Gambia y Cabo Verde (1981-85), Arabia Saudita, Jordania, Kuwait y Omán (1985-89), Egipto, Jordania, Siria, Sudán y Etiopía (1995-2001).

La encrucijada de Cuba

La encrucijada de Cuba

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La Revolución Cubana ha entrado en una fase de crisis aguda y prolongada. Las razones son muchas, algunas de ellas consabidas y difundidas popularmente: el embargo estadounidense, la caída de la Unión Soviética, el Periodo Especial, la crisis económica y la desaparición de la industria azucarera, entre otras. Otras razones son menos conocidas, pero igualmente importantes: la presencia de una nueva generación de cubanas y cubanos jóvenes desafectos del gobierno revolucionario, la presencia de las nuevas tecnologías de comunicación que permite un intercambio libre de ideas al margen del discurso oficial, la creciente afectación social por la pandemia de Covid19, la pauperización y degradación de la vida cotidiana de la mayoría de los cubanos y la notoria escisión social entre los integrantes de la pequeña nomenclatura dorada política del país y las masas desposeídas del país. Es ésta la combinación de factores donde se encuentra el corazón que explica la explosión social que ese país experimentó, y que el mundo observó, el pasado domingo 11 de julio. Una explosión de ira, de reclamo, de reunión y reconocimiento de una porción importante del país, sin poder afirmar si son mayoría o minoría. Pero eso es lo de menos. Los movimientos de cambio siempre empiezan con expresiones minoritarias, hasta que se tornan mayoritarias. Lo que sí llamó la atención, y seguramente sorprendió a propios y extraños, fue la extensión territorial de la manifestación de descontento. Más de 40 localidades vieron movilizaciones relevantes, si no por sus números, sí por la convicción de exigir vida y libertad. El gobierno fue el primer sorprendido. La reacción del Presidente Díaz Canel fue intempestiva e equivocada, desde el punto de vista de cualquier gobernante que se define como democrático. Primero, acusó a los Estados Unidos de estar detrás del movimiento, cosa que la mayoría de cubanos escuchan como el pretexto de siempre para no reconocer los problemas internos que no resuelve. Y segundo, llamó abiertamente a la represión y la guerra civil. Citó a sus seguidores “comunistas” a enfrentarse a los “contrarrevolucionarios”, que finalmente eran policías vestidos de uniforme y sin uniforme, con bastones en mano, para disolver las manifestaciones. A partir de ese momento se desató la represión en Cuba, con probablemente (nadie informa claramente, menos del gobierno) cientos de golpeados, detenidos, desaparecidos y por lo menos un muerto reportado. Ha de ser muy amplia la represión en Cuba porque la Organización de la Naciones Unidas, en un pronunciamiento poco común, llamó al gobierno cubano a liberar a los presos políticos y restaurar el servicio de internet en la Isla. En boca de Michelle Bachelet ese llamado tiene un doble significado, por ser ella Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ex Presidenta de Chile y militante de izquierda cuyo padre era general del ejército chileno y fue asesinado por Pinochet por oponerse al golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Cuba está cada vez más aislada internacionalmente. Y la izquierda mundial está cada vez más desilusionada con lo que fue la gran promesa cubana hace 60 años. El choque entre la Revolución cubana, con su pensamiento único y totalitario por un lado, y por el otro la revolución tecnológica vía internet, que despierta una cultura democrática, plural y de tolerancia a la diversidad de ideas está marcando el carácter de la encrucijada que enfrenta Cuba hoy. Vive el país un enfrentamiento entre un régimen de ideas únicas, impositivas y la creciente cultura de debate, tolerancia y democracia. Los jóvenes, descreídos de los postulados de una Revolución que se tornó autoritaria y represiva, buscan otra cultura de libertad y democracia utilizando los instrumentos de la revolución tecnológica. Esos instrumentos tecnológicos fueron los que les permitieron constatar que no estaban solos, y que eran muchos los dispuestos de manifestarse. El futuro inmediato es incierto. La represión domina la planicie. Pero el internet volverá y los jóvenes volverán a comunicarse. El viejo régimen está condenado a fenecer. Lo que importa ahora es bajo qué condiciones: con una transición pactada con el pueblo o vía el caos que significa una transformación forzada. Esto último no es lo deseable. Lo deseable es que el régimen tenga la sabiduría de cambiar internamente para crear un nuevo pacto social que corresponda al Siglo XXI. Lo cierto es que al viejo régimen cubano le queda poco tiempo de vida. Deberá valorar ese hecho, y actuar en consecuencia. Ricardo Pascoe Pierce Político mexicano, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue miembro fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), partido por el cual fue diputado federal a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión de México. Embajador de México en Cuba de 2000 a 2002. Actualmente se desempeña en diversas actividades docentes y periodísticas.

Rusia en el mundo del vino y la guerra del champán

Rusia en el mundo del vino y la guerra del champán

El pasado 6 de julio, el gobierno ruso dispuso, de la mano del presidente Vladímir Putin, que únicamente los espumosos denominados шампанское o shampánskoe, producidos desde los tiempos de la Unión Soviética -en realidad su historia es más longeva, como se explicará más adelante- como una opción accesible al bolsillo para que la población pudiera celebrar eventos familiares, año nuevo y otras festividades, son los únicos que podrán etiquetarse de ahora en adelante como champán en el país. Así, los productores de champán, cava o franciacorta sólo podrán denominar sus productos en Rusia como игристое вино o bien espumoso. Consulta el artículo en PDF aquí.

La tercera independencia dominicana

La tercera independencia dominicana

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Ser isla en el Caribe -bajo el imperio de los combustibles solidos importados- era sinónimo de falta de soberanía energética: la condición de insularidad imponía como destino nacional estar a expensas de las fluctuaciones en los precios del petróleo. Ante el paisaje productivo pospandemia regresa la voluntad de emanciparse respecto a aquel “determinismo geográfico” y la modernización del sector eléctrico reaparece en la lista de prioridades gubernamentales. La tercera independencia dominicana se medirá en kilovatios. Hace un año el pueblo dominicano decidió que Luis Abinader sería su presidente y la efeméride es propicia para la evaluación de los méritos de su gestión en el campo de la energía. Materia compleja que requiere pensar en un eje temporal que excede los márgenes de una legislatura y donde los consensos partidarios son la única garantía del largo plazo. La acertada elección del ingeniero nuclear Antonio Almonte como ministro de Energía y Minas significó la inclusión de un perfil técnico en el gabinete con una trayectoria marcada por la voluntad de transparencia y el compromiso con la racionalidad en el gasto público, una biografía que funciona como aval para la obtención de un precio razonable de la luz. República Dominicana ha incorporado a sus instituciones el lenguaje de la eficiencia energética y pronuncia en foros internacionales su deseo de subirse a las nuevas olas de innovación que traen consigo una menor dependencia del exterior. Actualizó su marco jurídico -a través del pacto nacional para la reforma del sector eléctrico (2021-2030)- con lo que favoreció la percepción de certidumbre y mediante la asunción del principio de eficiencia administrativa generó un entorno de inversión más confiable. Además, reconsidera los gastos exagerados en las empresas distribuidoras y despliega líneas argumentales para amortiguar los efectos nocivos de las llamadas perdidas no técnicas. Un enfoque que tiene como objetivos principales la reducción de los costes operativos empresariales y abrir vías para el establecimiento de un modelo eficaz de subsidios. Entre los proyectos para robustecer el sistema eléctrico dominicano destacan la construcción de dos plantas de gas natural, una terminal gasífera y el desarrollo de un ámbito regulatorio que incentive el interés privado en renovables. Planteamientos para consolidar a la República Dominicana como el principal receptor de la inversión extranjera directa en el Caribe y que ayudarán a la creación de un mercado energético más competitivo. Desde los días de campaña electoral han sido subrayados los lugares comunes entre energías limpias, calidad del empleo y rentabilidad, vocabulario que al adquirir tono presidencial expresa sentido de responsabilidad con las generaciones presentes/venideras y provoca sinergias interministeriales de “crecimiento verde”. Intento de adecuación a un tiempo en el que los gigantes tecnológicos son los mayores compradores corporativos de la producción de energía libre de carbono y en el que se pronostica -a medio plazo- un agotamiento o desplome en la demanda de crudo. Manifestaciones oficiales frente a una atmosfera global que exige pasar de los compromisos ético-normativos a la enunciación de hojas de ruta detalladas de descarbonización y en la que los grandes bloques económicos discuten la pertinencia de incorporar clausulas de condicionalidad medioambiental a sus próximos tratados comerciales. La República Dominicana aprecia en México la fisonomía de un socio confiable que aleja cualquier temor al fantasma de la recolonización. Es por eso que actividades como la sesión informativa “Oportunidades de inversión en el sector de energía y minería en la República Dominicana” organizada por la Embajada de la República Dominicana en México, solidifican la relación bilateral y clarifican los procesos de licitación pública internacional. En un contexto en el que se exploran las formas de cooperación del futuro, la iniciativa dominicana en México supone una formula diplomática con la que trascender la nostalgia del mundo prepandémico. Alfredo Kramarz Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, experto en Política y Relaciones Internacionales, Máster en Relaciones Internacionales y Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Columnista en medios de comunicación globales, profesor universitario, analista político y conferencista. Fue director del Colegio Mayor “Fernando de los Ríos” del 2016-2017 y Subdirector del mismo Colegio del año 2011-2016. Del año 2013 al 2014 se desempeñó como Subdirector del Colegio Mayor “Gregorio Peces-Barba” y del año 2009-2010 se desempeñó como miembro de la Comisión Académica de Titulación “Grado en Ciencias Políticas”. Entre sus proyectos de investigación se destacan: 1) Experience, memory and imagination Pratt Institute, Vanderbilt University y Universidad Carlos III. 2) Identidad, Memoria y Experiencia, Pratt Institute, Vanderbilt University y Universidad Carlos III. 3) Historia de los Derechos Fundamentales, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III.

El “pragmatismo principista” de la política exterior de México

El “pragmatismo principista” de la política exterior de México

Colaboración publicada originalmente en El Economista. De manera frecuente, el gobierno mexicano plantea que la política exterior del país está basada fundamentalmente en principios normativos, como la No Intervención. En otras palabras, de acuerdo con el discurso oficial, la acción internacional de México es esencialmente “principista”. En varios momentos, sin embargo, México le ha dado un uso pragmático a esos principios. La idea anterior representa la esencia del concepto de “pragmatismo principista”. En otras palabras, ha tomado decisiones de naturaleza práctica, pero las ha “cubierto” con un manto principista. El mejor ejemplo de esto ocurrió en enero de 1962 cuando los ministros de Relaciones Exteriores que asistieron a la VIII Reunión de Consulta de la OEA propusieron la exclusión de Cuba de ese organismo. Para ese momento, la administración del presidente López Mateos enfrentaba un gran dilema. Si votaba a favor de la resolución, ello iba en contra de los principios de política exterior; mostraba alineación a Estados Unidos, afectaba los intereses de los grupos nacionalistas en el país; y abría la puerta a la posibilidad de que Fidel Castro financiara grupos guerrilleros en México. Pero si votaba en contra, la decisión no favorecía los intereses de los empresarios y podría poner en contra a Estados Unidos en un contexto económico delicado. En la reunión de la OEA, celebrada en Punta del Este, hubo tres momentos específicos respecto a la posición de México. En el primero, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, defendió el principio de la “incompatibilidad” del comunismo con la democracia de la región. La acción complació a Estados Unidos y a los empresarios. Al otro día, la Bolsa de Valores de México tuvo un incremento significativo. El segundo momento ocurrió cuando se votó la exclusión de Cuba. El voto de México fue en “abstención” y el secretario Tello defendió los principios normativos, como la No Intervención. Esa medida buscaba satisfacer a los grupos nacionalistas internos y mandar una señal amistosa a Castro. Por último, la delegación mexicana pidió la inclusión de una reserva en el acta final de la reunión que estipulaba que México no estaba de acuerdo con la exclusión porque la Carta de la OEA no contemplaba esa figura jurídica. El secretario Tello alegó que era necesaria una reforma a la Carta para que se incluyera la posibilidad de expulsar a algún miembro. Esta acción tenía el objetivo de demostrar independencia frente a Estados Unidos y defender los principios jurídicos. En resumen, México optó por inclinarse a los intereses de Estados Unidos, pero cubrió esas acciones con un manto principista. Este relato es pertinente porque varias administraciones han recurrido a esa variable en temas de política exterior. Por ejemplo, las administraciones de De la Madrid, Salinas y Zedillo, optaron por darle un giro económico a la política exterior y firmar tratados de libre comercio con distintos países. Los tres gobiernos mantuvieron en el discurso la defensa de los principios, pero en los hechos lo más importante era el beneficio económico. Incluso en la actual administración, el presidente López Obrador ha recurrido al “pragmatismo principista”. Si bien prometió “recuperar” y “defender” los principios constitucionales, en la práctica, también ha tomado decisiones pragmáticas, tales como enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur para evitar la imposición de mayores aranceles por parte de Donald Trump o viajar a Washington hace exactamente un año cuando dio un espaldarazo a la reelección del entonces candidato republicano. Dr. Rafael Velázquez Flores Es profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM), obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM y su doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) en el periodo 2015-2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Miembro del Consejo Editorial de Globalitika.

La basura espacial al acecho: así en el cielo como en la tierra

La basura espacial al acecho: así en el cielo como en la tierra

El pasado 30 de junio se conmemoró el día internacional del asteroide. En esa oportunidad se recordó que un 30 de junio, pero de 1908, un asteroide compuesto mayormente por hierro, con un diámetro entre 100 y 200 metros y que ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 11. 2 kilómetros por segundo, impactó cerca del río Podkamennaya Tunguska, en la remota Siberia del entonces Imperio Ruso. Se calcula que el evento de Tunguska liberó una cantidad de energía equiparable a 300 bombas atómicas que devastó 80 millones de árboles en 2 100 kilómetros cuadrados de terreno. Se estima que el evento fue registrado “por barómetros en toda Europa y golpe[o] a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. Durante las dos noches siguientes, el cielo nocturno se mantuvo iluminado en Asia y algunas regiones de Europa; no obstante, debido a la dificultad para acceder a la zona y la ausencia de pueblos cercanos, ninguna expedición se aproximó al sitio en los siguientes trece años.” Consulta el artículo en PDF aquí.

Nicaragua: 200 años de soledad

Nicaragua: 200 años de soledad

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La violenta ola represiva desatada por el gobierno de Daniel Ortega en el 2018 contra ciudadanos que reclamaban un cambio de rumbo para Nicaragua, abrió un nuevo capítulo de la guerra interna en la que ha vivido este país a través de su historia, como resultado de sus desigualdades y contradicciones sociales, su atraso económico, y el fenómeno de la intervención extranjera que ha imposibilitado la construcción orgánica de consensos políticos —reglas que normen la competencia por el poder— en este país centroamericano. La caracterización de la historia nicaragüense como una larga guerra doméstica sirve para resaltar las limitaciones de la desgraciadamente repetida explicación de la crisis actual como una confrontación entre “dictadura” —el gobierno de Ortega—, y “democracia” —el movimiento de oposición a ese gobierno. Para empezar, y cito a Alejandro Serrano Caldera, Nicaragua ha funcionado siempre como “un archipiélago de islotes [socio-políticos y culturales] que coexisten, inconexos”. Estos islotes jamás han operado dentro de un régimen de convivencia democrática. Desde esta perspectiva histórica, la crisis que vive Nicaragua hoy en día es, esencialmente, la confrontación entre dos de las piezas del archipiélago nicaragüense. Dos observaciones son necesarias para evitar la sobre-simplificación de esta metáfora. Primera, la complejidad socio-política de cada uno de los islotes en pugna sobrepasa el sentido de los conceptos “democracia” y “dictadura.” Segunda, la mayoría de los nicaragüenses viven entregados a la lucha por sobrevivir en el segundo país más pobre de América Latina y sólo son integrantes nominales de los islotes antes mencionados. En el islote de la “dictadura” coexisten: allegados al gobierno de Ortega que se han enriquecido ilícitamente en el poder, personas que todavía conservan el espíritu progresista del sandinismo revolucionario, y miles de pobres beneficiados por los programas sociales del gobierno. Por otra parte, el islote de la “democracia” agrupa a ex compañeros de armas de Ortega y otros desplazados del poder que luchan por recuperarlo, la políticamente dividida jerarquía católica, sectores de una clase media empobrecida y arrinconada, capitalistas que hasta hace poco colaboraron con el régimen al que hoy tímidamente se oponen, y muchos otros que genuinamente quisieran vivir en una Nicaragua menos violenta y menos obscena que la actual. De tal forma que ni el islote de la “democracia”ni el de la “dictadura” son homogéneos. El islote de la “democracia” abarca visiones e intereses desacordes, como lo demostró el estrepitoso fracaso de sus líderes para articular una estrategia común para enfrentar a Ortega en las elecciones de noviembre próximo. A estos líderes los une solamente su oposición al gobierno y un discurso ensimismado e insensible a las necesidades de los pobres que habitan en el islote de la “dictadura”, a quienes ignoran o ridiculizan en sus medios de comunicación tildándoles de ignorantes y borregos. El “islote de la dictadura” también padece las tensiones internas propias de cualquier Gobierno-Estado-Botín, en el que las lealtades de los que controlan el poder se compran y se venden al mejor postor. Hoy por hoy, sin embargo, este islote parece unido alrededor de Ortega y de un discurso de guerra “contra el imperio gringo y sus aliados vende-patria”. Independientemente de cuál islote salga avante de la actual crisis, la patria de Darío y Sandino continuará inmersa en su interminable guerra interna, a menos que de alguna de sus partes en conflicto surjan puentes discursivos que empiecen a tejer memorias y aspiraciones compartidas. Desgraciadamente, este quiebre histórico no se vislumbra hoy por lo que los doscientos años de soledad en los que ha vivido Nicaragua se extenderán irremediablemente hacia el futuro. Andrés Pérez-Baltodano Profesor de ciencia política en la Universidad de Western Ontario en Canadá e investigador asociado del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana en Managua. Ha sido responsable del programa multinacional de investigación en Políticas Públicas y Participación de la División de Ciencias Sociales, en Ottawa, Canadá; Investigador del Proyecto de Apoyo a la Descentralización del Gobierno de Nicaragua (INCAE y Universidad de Berkeley); fue Director-Fundador del Instituto Nicaragüense de Administración Pública (INAP). Fungió como Director Administrativo de los programas científicos y culturales del Banco Central de Nicaragua. Es autor de diversos artículos científicos y libros sobre Estado, Política y Democracia. Entre sus obras más recientes se encuentran: Reflexiones y Confesiones sobre la Nación, la Iglesia y el Exilio (2007); La Subversión Ética de la Realidad: Crisis y Renovación del Pensamiento Crítico Latinoamericano (2009); y, postsandinismo: Crónica de un Diálogo Intergeneracional e Interpretación del Pensamiento Político de la Generación XXI (2013). Es uno de los mayores expertos en historia y política nicaraguense en el hemisferio.

Salazar, el embajador del “fracking”

Salazar, el embajador del “fracking”

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Ken Salazar, es uno de los dieciocho embajadores que el presidente estadunidense, Joe Biden, ha enviado al Senado para su aprobación desde el inicio de su administración, de los cuales, trece son miembros de carrera del Servicio Exterior y Salazar, se encuentra entre las excepciones. A diferencia de su antecesor en el cargo, Salazar es un político experimentado y un engrane clave para entender la relación entre las grandes empresas petroleras, el “fracking”, el uso de combustibles fósiles y el gobierno estadunidense. Como Senador por Colorado (2005-2009) tiene un largo historial de apoyo a los intereses de los combustibles fósiles y su respaldo al proyecto de Ley de Energía de 2005, impulsada por George W. Bush, que exime al “fracking” de las disposiciones de Control de Inyección Subterránea (UIC) de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) y que abrió paso a la libre extracción de hidrocarburos a través de la fracturación hidráulica. Incluso apoyó a diversos candidatos en las primarias demócratas que abiertamente defendieran dicha práctica, por ejemplo, Joe Neguse en el segundo distrito de Colorado o Jason Crow en el sexto distrito. Durante su cargo como Secretario del Interior en el gobierno de Barack Obama (2009-2013) fue cuestionado en 2010, por la ausencia de revisiones ambientales a la BP (British Petroleum) en el Golfo de México, lo que provocó la explosión de plataforma Deepwater Horizon, causando la muerte de once trabajadores y el mayor derrame de petróleo en la historia de la perforación marina. Cabe recordar que el gobierno mexicano aceptó 25,5 millones de dólares de BP para absolverla de toda responsabilidad por contaminar las aguas mexicanas en abril del 2010. En 2012, Salazar otorgó la autorización a la petrolera Shell para la perforación y la extracción de petróleo y gas en el Ártico, que provocó protestas y criticas de varias organizaciones medio ambientales. Shell obtuvo el usufructo del mar Chukchi durante el Gobierno del expresidente George W. Bush. Tras dimitir en enero de 2013 como Secretario del Interior, fue sustituido por Sally Jewell y para junio del mismo año, se asociaría a Wilmer Hale, una de las principales firmas de abogados dedicadas al cabildeo y a asuntos jurídicos y gubernamentales en DC. Salazar estuvo dedicado a temas de energía, medio ambiente y recursos naturales. Una vez instalado en el sector privado fue un promotor del oleducto Keystone XL, (una arteria diseñada para enviar crudo canadiense a refinerías estadunidenses), impulsado por republicanos y el mismo presidente Donald Trump, quien otorgó el permiso de construcción transfronterizo en el 2017. Es preciso señalar que entre las primeras decisiones y decretos del presidente Joe Biden a inicios de año, fue rescindir los permisos de Keystone XL, por ser “altamente contaminante” y por contraponerse a su política de energías limpias. Biden ha propuesto eliminar gradualmente todas las centrales eléctricas de carbón y gas que emiten carbono para 2035 y dirigir el 40% de los beneficios energéticos federales a las comunidades más desfavorecidas y que han padecido la contaminación por combustibles fósiles. Cuando Joe Biden dio a conocer su equipo una vez ganadas las elecciones a finales del año pasado, surgieron diversas presiones de organizaciones de la sociedad civil, así como de algunos sectores del partido Demócrata, por haber incluido a Salazar y Ernest Moniz, ex secretario de Energía con Barack Obama, por su conocida postura en favor de la energía fósil y el “fracking”. Salazar es un claro ejemplo de la influencia corporativa en la política. Con su nominación, el mensaje del gobierno estadunidense hacia México es claro: envía a un hombre con experiencia probada en el sector energético que ha regulado y trabajado con los gigantes petroleros. Las fotos de recorridos por los exóticos mercados mexicanos y la degustación de nuestra rica gastronomía pueden esperar, por ahora. Emerson Segura Valencia Actualmente se desempeña como Asesor Parlamentario en el Senado de la República. Anteriormente, fue investigador en el Centro de  Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y también fue Asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del mismo Senado. Se desempeñó como investigador en el  CII del Instituto Matías Romero de la SRE.  Es egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la UDLA y cuenta con estudios en Análisis Político por el CIDE.

El régimen iraní y la pérdida de legitimidad

El régimen iraní y la pérdida de legitimidad

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Mientras Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conocido como Ebrahim Raisi, recibía felicitaciones de Bashar al Assad (Siria), Vladimir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Imran Khan (Pakistán), así como de líderes de Hamas, Jihad Islámica y Hezbollah por su victoria en las elecciones presidenciales del 18 de junio, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, se sumaba a las voces condenatorias, tanto de la diáspora iraní como de grupos opositores organizados, sobre Raisi debido a su participación en crímenes como tortura, desaparición forzada y asesinato de disidentes políticos. Si bien los resultados oficiales señalan una participación electoral de 49% (la más baja desde la revolución de 1979) asociaciones civiles y observadores electorales sostienen que el porcentaje es aún menor (algunas fuentes hablan de 10%) lo que refleja una profunda crisis del sistema político iraní y el éxito de la campaña de boicot. David Romano y Paul Iddon, en su artículo “What does Ebrahim Raisi’s election victory mean for Iran and the world?”[1] se preguntan sobre el futuro del sistema político iraní pues es indudable que su falta de legitimidad y opacidad se han agudizado en los últimos años y pone en cuestionamiento las bases del sistema creado por el Ayatollah Khomeini. En dicho sistema político se excluye estructuralmente a las minorías religiosas (un judío o cristiano no podrían competir por el cargo de presidente de su propio país), a mujeres y a activistas políticos críticos al régimen lo que, a ojos de amplios sectores sociales, deslegitima popularmente a instituciones clave del sistema entre ellas la del Lider Supremo, Presidente y el Consejo Guardián. ¿Quién es Ebrahim Raisi? Usando un turbante negro, que lo identifica dentro del estamento religioso iraní como un Sayyid (descendiente del profeta Muhammad), Raisi nació hace 60 años en Mashhad, ciudad del noreste y famosa porque alberga el santuario del imán Reza, octavo imán chiita, e ingresó en el seminario de Qom pocos años antes de la revolución iraní que derrocaría al dictador Mohammad Reza Pahlavi y sentaría las bases de la actual República islámica en la cual el estamento clerical ha monopolizado los principales puestos gubernamentales. Ebrahim Raisi resulta una figura rechazada por mucho iraníes quienes no olvidan su participación en la “comisión de la muerte”, establecida a los pocos meses del fin de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) que autorizó y validó ejecuciones extrajudiciales de disidentes políticos en las prisiones de Evin y Gohardasht. Durante su larga carrera política, que incluye diversos cargos en el poder judicial, Raisi cimentó una relación cercana con el actual Líder Supremo, el Ayatollah Khamenei, quien en 2016 lo designaría como custodio del Astan-e Quds Razavi, enorme y multi millonario fideicomiso de caridad, que administra el ya mencionado santuario del imán Reza y otras instituciones. En esa posición, Raisi forjó vínculos con la élite religiosa, comercial y política del país hasta que fue autorizado a presentarse como candidato presidencial en 2017. En esa ocasión el vencedor fue Hassan Rouhani, mismo que hoy cede el puesto a Raisi lo que para muchos analistas significa la transición de una presidencia moderada a una de línea dura. Es ampliamente conocido en Irán que Raisi mantuvo una relación cercana con Qassem Soleimani, quien dirigió las milicias paramilitares iraníes (La Guardia Revolucionaria) que intervienen en varios países del Medio Oriente, hasta su asesinato el 3 de enero de 2020 en un operativo de Estados Unidos. Ebrahim Raisi mantiene hasta el día de hoy lazos con Hezbollah, la organización terrorista libanesa que recibe financiamiento y apoyo desde Irán. Maryam Rajavi, líder del Consejo Nacional de Resistencia en Irán (NCRI) afirma que el boicot a las elecciones presidenciales demuestra que los iraníes desean terminar con la teocracia gobernante. Hay que recordar que la mayoría de los asesinados por la ya mencionada “comisión de la muerte” pertenecían a la Organización Mujahedin del Pueblo de Irán (MEK/PMOI) cuya ala política es el NCRI. Hay claros signos de descontento y pesimismo en la sociedad iraní que duda que haya opciones democráticas para influir en el régimen. Si bien en el pasado la participación electoral fue considerable, las elecciones que llevan a Raisi a la presidencia (en su carrera hacia la sucesión de Khamenei), se dan en un contexto de frustración social ante la situación económica (40% de inflación, desempleo, 4 millones de iraníes que se han sumado a la pobreza en los últimos dos años) y ante un sistema político cada vez menos representativo y más represor (Irán es junto a China los dos países que más ejecuciones realizan). En ese contexto, la decisión de marginar a reformistas -que de alguna manera daban estabilidad interna- y apostar por un presidente de línea dura como Raisi puede significar que el régimen teme que posiciones moderadas afecten la futura sucesión del Líder Supremo, el rol de Irán en Medio Oriente y el proceso de negociación nuclear. El precio a pagar por colocar a Raisi en la presidencia es la pérdida de legitimidad, baja participación en los procesos electorales e incremento de la presión social a un régimen superado en muchos sentidos por su propia sociedad. [1] https://www.arabnews.com/node/1879721/middle-east Manuel Férez Profesor de Medio Oriente y Cáucaso, Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Compilador de cinco obras académicas sobre Medio Oriente, entre las que destaca Estos son los kurdos, análisis de una nación (Porrúa, 2014). Ha realizado estancias de investigación en Israel, Palestina, Turquía y Azerbaiján.

La cumbre de Oporto

La cumbre de Oporto

Crisis del euro, crisis migratoria, Brexit y crisis sanitaria por la COVID-19. Desde hace una década Europa vive en crisis permanente y suscita reacciones contradictorias: el rechazo a la intervención de las grandes instituciones europeas desde Bruselas en la soberanía nacional, pero también una exigencia de solidaridad sin condiciones. La respuesta Europea a los grandes problemas se desarrolla generalmente con una lentitud burocrática. Poner de acuerdo a 27 jefes de estado y de gobierno no siempre es fácil. Sin embargo es posible. La Unión Europea ha atestiguado que la respuesta inadaptada y tardía puede tener grandes consecuencias. En Berlín lo tenían muy claro antes de comenzar la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea: Era necesario conseguir un acuerdo que lograse la pronta recuperación económica, sí o sí. El plan Next Generation EU con más de 750 mil millones de euros fue el resultado de los trabajos de planeación y negociación entre la Comisión, el Consejo y las capitales europeas en verano pasado y marcó un hito en la integración económica del continente. Este nuevo semestre, Lisboa sabe que es necesario plantear los pilares de una recuperación social. Por ello, Portugal ha convocado a la primera cumbre presencial de la Unión Europea en tiempos de la pandemia. La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, han participado en la cumbre por videoconferencia. Y celebrar la cumbre dentro del aniversario del Día de la victoria de 1945 y del aniversario de la Declaración Schuman es un acto simbólico. La presidencia lusa del Consejo de la Unión Europea ha impulsado en Oporto una hoja de ruta sobre la soñada “Europa social”. Sin embargo la cumbre fue escenario de las discusiones sobre la liberalización de las vacunas, el pasaporte europeo de vacunación y un nuevo acuerdo con la India para retomar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con aquel país, opacando un poco la causa real del encuentro. La Cumbre de Oporto representa un nuevo camino para establecer los pilares de una política social europea para garantizar que nadie se quede atrás. Diez años de crisis constante hay marcado severamente el desarrollo entre los estados miembros del club comunitario y la crisis sanitaria sólo las ha acentuado reavivando viejos debates entre disciplina fiscal, solidaridad, crecimiento económico, etcétera. Los debates de la cumbre han girado en tres ejes: trabajo y empleo, innovación, estado del bienestar y protección social. El objetivo principal consiste en consolidar una Europa social más justa, integradora y con oportunidades en el siglo XXI antes de 2030. Los líderes comunitarios fueron capaces de acordar un gran paquete económico en el verano del año pasado. Ahora saben que si no actúan rápidamente para crear una hoja de ruta para una Europa más justa con menos divergencias entre el norte o el sur, este u oeste; los partidos políticos de ultraderecha pueden ganar más simpatías entre los votantes a causa de la desigualdad, exclusión, desempleo y pobreza; y poner en riesgo el proyecto europeo. Al final de cuentas la crisis sanitaria ha mostrado las vulnerabilidades del sistema. Nos ha demostrado que la desigualdad es aún más profunda de lo que creíamos y que hace falta un nuevo pacto social que no deje a nadie atrás. Aun no sabemos exactamente el impacto económico y social que ha ocasionado la crisis de la COVID-19. Europa se ha puesto en marcha para lograr una mayor justicia social entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cuándo lo hará el gobierno de México? Diego Solís Rodríguez Es maestro en Asuntos Europeos e Internacionales por la Universidad de Lille, Francia, y es internacionalista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Asociado Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Anteriormente se desempeñó como World Wide Capability Analyst en Hewlett Packard Enterprise; impulsor de la cooperación internacional entre el gobierno local francés de GrandAngoulême en Francia y el municipio de Zapopan, México, en el marco de la convocatoria en apoyo a la cooperación descentralizada México-Francia y responsable de Redes Internacionales en la Oficina de Asuntos Internacionales del Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zapopan.

“Ibuka”

“Ibuka”

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Veintisiete años han pasado de aquel 7 de abril de 1994. Un día antes, el asesinato del presidente Habyarimana marcó el inicio del genocidio Tutsi en Ruanda. En menos de cien días, se calcula que entre ochocientos mil a un millón de personas perdieron la vida. Hoy en día, una foto, una cartera, una credencial o un trozo de tela se convierten en un tesoro invaluable y da la esperanza a madres, padres, viudas, abuelos o hijos de encontrar a los suyos. Un proceso aún doloroso para la mayoría de las familias en Ruanda que ignoran en dónde murieron los suyos y en dónde descansan sus restos. Hay personas que incluso no cuentan con una imagen de sus familiares, sólo les queda el recuerdo. La memoria. Así es la reconstrucción de geografías familiares. La sociedad ruandesa carga sobre sus hombros un peso enorme pero necesario por el proceso de reconciliación y de memoria. Para la mayoría, algunos países europeos son los responsables y los consideran incluso como cómplices. Francia no es la excepción. Por ello, el presidente francés Emmanuel Macron estableció en 2019 una comisión de especialistas e historiadores para desarrollar un reporte sobre la responsabilidad del Estado francés en el genocidio perpetrado contra los Tutsis en Ruanda. El documento conocido como “El reporte Duclert” junto con el reporte “Muse”, encargado por las autoridades ruandesas a un grupo de abogados americanos, son en parte un “epílogo” que contribuye a la construcción de la verdad sobre el genocidio. Hace seis días, Macron viajó a Kigali, Ruanda, para encontrarse con su homólogo Paul Kagamé y restablecer las relaciones diplomáticas entre Paris y Kigali, afectadas durante varios años debido a las fricciones entre ambos países. Ahí mismo, en el memorial de las víctimas, el presidente francés reconoció el rol y la responsabilidad del Estado francés en el genocidio al proporcionar su apoyo al régimen genocida entre 1990 a 1993. Frente a la tendencia negacionista del genocidio o el desinterés de la opinión pública en Francia, Macron rompió el silencio: -“Francia no ha sido cómplice, pero ha permitido durante demasiado tiempo que el silencio prevalezca sobre el examen de la verdad”, y añadió que “sólo aquellos que han pasado por la noche quizás puedan perdonar, darnos el regalo del perdón”. Sin embargo, la justicia está pendiente. Algunos sospechosos de perpetuar el genocidio encontraron en Francia un nuevo hogar. Algunos de ellos huyeron en 1994 a través de Zaire, hoy en día la República Democrática del Congo, y encontraron en Francia una vida complaciente. De 1995 a la fecha, más de una treintena de denuncias contra todos aquellos sospechosos y responsables que adoptaron la nacionalidad francesa por naturalización y que siguen sin hacer frente a la justicia, no han rendido frutos. La falta de medios y de voluntad política es inmensa. Pero por fortuna, el financiador del genocidio tutsi e importador de un inmenso número de machetes, Félicien Kabuga, fue capturado en Francia el pasado 16 de mayo bajo una identidad falsa. Kabuga presidia la radio “Mille Collines” o mejor conocida como “Radio Machete”, en dónde la noche del 7 de abril de 1994 se escuchó la instrucción “no maten a las cucarachas con una bala, córtenlas en pedazos con un machete”. Kabuga, de 84 años enfrentará pronto a los tribunales de justicia internacionales. “Ibuka” (yo me acuerdo), es una exigencia de dignidad porqué el silencio ha prevalecido. Es también una exigencia de justicia, pues los impunes siguen sin enfrentarla. Es una cuestión de democracia, pues las instituciones francesas fallaron durante mucho tiempo. “Ibuka” es una cuestión de humanidad, de empatía hacia las víctimas, de escuchar para romper el silencio, de restablecer la memoria y hacer frente al olvido. Ibuka. Diego Solís Rodríguez Es maestro en Asuntos Europeos e Internacionales por la Universidad de Lille, Francia, y es internacionalista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Asociado Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Anteriormente se desempeñó como World Wide Capability Analyst en Hewlett Packard Enterprise; impulsor de la cooperación internacional entre el gobierno local francés de GrandAngoulême en Francia y el municipio de Zapopan, México, en el marco de la convocatoria en apoyo a la cooperación descentralizada México-Francia y responsable de Redes Internacionales en la Oficina de Asuntos Internacionales del Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zapopan.

Latinoamérica y la reciente guerra en Gaza

Latinoamérica y la reciente guerra en Gaza

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Tras los días de devastadora ofensiva israelí en la Franja de Gaza, la postura de los países latinoamericanos fue condenar la violencia entre dos actores, Israel y Palestina. Llamaron a la paz sin alentar un diálogo de fondo para resolver el problema y que condujera al fin de la ocupación. El problema se percibe como acciones terroristas de Hamás, el lanzamiento de cohetes, y el derecho de Israel a defenderse; nadie desconoce que no se reduce a estos eventos, pero escasamente hay Estado que se pronuncie o adentre en una discusión más sofisticada y productiva. Las opciones propias de los países latinoamericanos en sus vínculos con Medio Oriente y en particular en el tema palestino-israelí se explican por una mezcla de factores internos y externos de órdenes comerciales, políticos, religiosos, de capacidades o titubeos técnicos y de voluntad. Así, por ejemplo, grupos agroindustriales en Argentina y Brasil abogan por buenas relaciones con los mercados árabes; otros, como el textilero, se movilizan para contener las críticas a Israel. Los actores religiosos, como los evangélicos, configuran un lobby que incentiva los vínculos con Israel, según ilustra su fuerte influencia en Brasil y Costa Rica, y su postura ante el debate en México. La influencia de las diásporas, en particular el lobby pro-israelí, suele estar determinada por sus redes políticas. También el estilo y la cosmovisión individual de estadistas o funcionarios de organismos intergubernamentales influyen en la disposición ante el conflicto; un ejemplo lo ofrece el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien calificó en días pasados a Hamás como organización terrorista. Dicha declaración levantó más polémica que consenso dentro de la OEA; evidencia el contexto de debilitamiento de algunas organizaciones regionales latinoamericanas; refleja también la ausencia de Venezuela y el declive del liderazgo brasileño. En Latinoamérica esa relación de fuerzas en las opciones de política exterior hacia el tema palestino difícilmente se modificará de manera sustancial y efectiva. Su escenario geopolítico, además, es el predominio de Estados Unidos, que influye en la política exterior de varios gobiernos latinoamericanos. Washington defiende incondicionalmente a Israel. Algunos de sus aliados –México, Brasil y Colombia– tienden a favorecer lazos con Israel, a diferencia de las críticas de Cuba, Bolivia y Venezuela. La presión y la dependencia de Estados Unidos explican en gran medida el trato diferenciado que los gobiernos latinoamericanos dan a Hamás o al Hezbollah libanés. Recientemente, con todo, una parte de la opinión pública y de la discusión partidista en Estados Unidos muestra un giro hacia Palestina. Ya desde el comienzo de la primera intifada en 1987 –levantamiento popular masivo en Gaza y Cisjordania– los estadounidenses han estado saturados de información sobre lo que ocurre en los territorios palestinos. Ahora, el habitual apoyo bipartidista a Israel en el Congreso estadounidense se ha mermado en los últimos años por la oposición de los demócratas a las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu relacionadas con palestinos e iraníes. Se ha visto al presidente Joe Biden sortear fuertes presiones del ala izquierda de su propio partido para considerar las actividades de Israel como coloniales y opresivas. La población estadounidense se estaría moviendo en la misma dirección según una encuesta reciente de Gallup; a la par, se nota diversidad de voces dentro de la comunidad judía estadounidense. Cualquier impacto de aquellos movimientos en la política de los gobiernos latinoamericanos sólo dejará huella en nuestra posible aportación si se acompaña de la voluntad y gestión realista de los gobernantes, que debe entenderse como visión educada y diálogo crítico, respaldados con un continuo trabajo de diplomacia eficaz. Marta Tawil Profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México sobre relaciones internacionales, análisis de política exterior, Medio Oriente contemporáneo, y relaciones México y Latinoamérica con Medio Oriente.